Según fuentes de la Comisión Europea al ser preguntadas por el caso español, la institución “es consciente de que los fondos destinados a la Política de Cohesión relacionada con las infraestructuras aeroportuarias no tuvo en muchos casos un uso eficaz en el pasado”. Por eso la Comisión, presidida desde octubre por el luxemburgués Jean Claude-Juncker, “desea subrayar que se han aprendido muchas lecciones de los recientes errores” y actualmente trabaja en un plan “radicalmente diferente” para el horizonte 2014-2020. La diferencia “radical” descansa en las condiciones más severas que se exigirán a todo futuro proyecto. Según el Tribunal de Cuentas europeo, casi el 25% de los fondos (tanto fondos Feder como fondos de cohesión y otros) destinados a aeropuertos de 2000 a 2013 fueron absorbidos por las ocho citadas terminales españolas, con un total de 685 millones de euros. Ninguno de los ocho tiene perspectivas de rentabilidad; solo tres (Fuerteventura, Madrid-Barajas y Murcia) cuentan con “perspectivas de lograr un equilibrio a medio plazo”. Y cinco tenían menos pasajeros en 2013 que en 2007.
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